Las regiones y ciudades necesitan más recursos para alcanzar los objetivos medioambientales de la UE

Los dirigentes locales y regionales han recordado que la brecha persistente entre las ambiciones necesarias y la aplicación real de la legislación medioambiental de la UE solo puede colmarse si las ciudades y regiones reciben un apoyo financiero y administrativo más específico. Las recomendaciones forman parte de un dictamen elaborado por la presidenta de la Región de Umbría, Stefania Proietti (IT/PSE), y aprobado por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) el 14 de octubre.

Según la cuarta revisión de la aplicación de la política medioambiental presentada por la Comisión Europea en 2025, el coste anual de no aplicar las normas medioambientales se estima en aproximadamente 180 000 millones EUR a escala de la UE, debido a los costes sanitarios, las muertes prematuras, la necesidad de medidas urgentes y la pérdida de servicios ecosistémicos.

El dictamen del CDR subraya que el cumplimiento de la legislación medioambiental no es una carga, sino una estrategia económica rentable para evitar costes más elevados en el futuro: el déficit de ejecución podría colmarse con una inversión anual de 122 000 millones de euros. Sin embargo, los miembros de la Comisión ENVE del CDR y el Parlamento Europeo advirtieron a principios de esta semana que los recortes propuestos para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE podrían socavar la capacidad de actuación de los entes locales y regionales.

Los dirigentes locales y regionales han acogido con satisfacción los esfuerzos encaminados a la simplificación administrativa, pero han subrayado que nunca deben conducir a una desregulación oculta ni a una reducción de las normas de protección. Dado que los entes locales y regionales aplican gran parte de la legislación medioambiental de la UE, la Comisión Europea debería aprovechar más su experiencia sobre la eficiencia práctica y las posibles dificultades de aplicación a las que pueden enfrentarse sobre el terreno.

El CDR también pide que la evaluación de las repercusiones sociales y territoriales sea un pilar de las futuras revisiones de la aplicación de la política medioambiental, a fin de medir los costes y beneficios para la población, en particular los grupos en riesgo de pobreza energética, hídrica o de movilidad.

En la actualidad, hay más de 300 procedimientos de infracción activos de la UE en materia de legislación medioambiental, de los cuales el 45 % están relacionados con la contaminación, lo que pone de manifiesto las dificultades para garantizar la aplicación a escala de la UE. El CDR pide que se complementen los procedimientos de seguimiento e infracción con una mayor «asistencia proactiva a la aplicación» para los entes locales y regionales, proporcionando herramientas operativas eficaces, acceso a la información, apoyo técnico específico y recursos financieros accesibles. También recomiendan desarrollar mecanismos innovadores para que los ingresos procedentes de las sanciones medioambientales y los sistemas de fiscalidad de la contaminación puedan contribuir a las necesidades de aplicación sobre el terreno, en particular en las regiones afectadas.

El CDR también se centra en la economía circular como palanca estratégica para la competitividad, la resiliencia y la autonomía estratégica de Europa y sus regiones, y pide a la UE que apoye el mercado de materias primas secundarias, haciéndolos económicamente competitivos con los recursos vírgenes primarios y garantizando precios justos que recompensen a los territorios con un buen rendimiento.

Además, el Dictamen subraya la importancia de aplicar horizontalmente el principio de «no causar un perjuicio significativo» de manera proporcionada en todas las políticas e inversiones de la UE, desalentando la inversión en tecnologías que obstaculicen y ralenticen la descarbonización y la consecución de los objetivos medioambientales.

Cita

Stefania Proietti (IT/PSE), presidenta de la Región de Umbría: «La política medioambiental de la UE solo funciona si puede aplicarse en todas las ciudades y regiones y de manera justa y equitativa. La Revisión de la Implementación Ambiental es un momento clave de la verdad: qué funciona, qué no, cuál es el impacto social y territorial de la legislación de la UE y dónde se necesita apoyo. La transición no tendrá éxito, si se apoya sólo en los hombros de los más débiles de la sociedad. Las ciudades y regiones necesitan normas estables, financiación adecuada y conocimientos técnicos. La simplificación debe facilitar la aplicación, especialmente para los entes locales y regionales más pequeños y los grupos vulnerables de la sociedad, y no debilitar la protección del medio ambiente».

Antecedentes

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